El sector privado del juego en España acusó al Gobierno de doble rasero y de «alarmismo»
La asociación de operadores con licencia Consejo Empresarial del Juego (Cejuego) lanzó una dura crítica a la política regulatoria del Gobierno español. A juicio del sector, las autoridades estigmatizan deliberadamente al sector privado con nuevas restricciones y advertencias, mientras que los productos de juego estatales siguen expandiéndose prácticamente sin obstáculos.
El director general de Cejuego, Alejandro Landaluce, en declaraciones a la agencia Europa Press, expuso la postura de la asociación y enumeró las medidas que los operadores privados consideran injustas. Según él, las iniciativas regulatorias de los últimos meses se apoyan en el «alarmismo social», y no en un enfoque basado en la evidencia, sustentado en datos reales sobre el comportamiento de los jugadores.
Advertencias catastrofistas en lugar de trabajar con datos
La principal queja de Cejuego es que el regulador apostó por mensajes atemorizantes y presión pública en lugar de un análisis minucioso del comportamiento del consumidor. Landaluce subrayó que la inmensa mayoría de los jugadores actúa de forma racional y es capaz de controlar por sí misma su gasto en ocio. «El consumidor no necesita mensajes catastrofistas para gestionar su presupuesto», afirmó.
Entre las medidas concretas que generan mayor rechazo entre los operadores se mencionan los límites únicos de depósito y los mensajes de advertencia obligatorios en plataformas de apuestas en línea. Cejuego está convencido de que este tipo de herramientas perjudican ante todo la reputación de la industria, y no el comportamiento de riesgo de los consumidores. «Estas medidas influyen más en la percepción del sector que en el comportamiento real del jugador», señaló Landaluce.
Límites de depósito y el fantasma del mercado ilegal
Una preocupación aparte para los operadores privados es la propuesta de introducir topes globales de depósito en el segmento en línea. Se trata de un límite diario de 600 € y uno semanal de 1.500 €. Cejuego advirtió de que unos márgenes excesivamente estrictos pueden socavar la competitividad de las plataformas legales y empujar a parte de la audiencia hacia sitios sin licencia, donde no hay mecanismo alguno de protección.
Las consecuencias de ese trasvase, según la asociación, incluyen varios riesgos:
- crecimiento del fraude en plataformas clandestinas,
- pérdida de control sobre el juego problemático,
- reducción de la recaudación fiscal del negocio legal.
«Si los operadores legales se vuelven menos competitivos, los usuarios se irán a sitios ilegales, donde no hay ni protección ni control», advirtió Landaluce.
Las preocupaciones sobre la migración de jugadores a plataformas sin licencia no carecen de fundamento. Al fin y al cabo, la oferta en el mercado crece constantemente, y no se puede confiar ciegamente en todas las marcas.
Para comprobar hasta qué punto está creciendo el mercado, analizamos varias fuentes de información del sector. Ya ahora en internet operan decenas de agregadores que recopilan ofertas de casinos en línea para audiencias de distintos países. Entre estos recursos, orientados al mercado latinoamericano, nos encontramos con sitio web, donde se recopilan bonos sin depósito de casino. Los autores del sitio web aconsejan guiarse por licencias, reseñas y otros factores que pueden confirmar o refutar la fiabilidad de la plataforma.
La mayoría de los casinos en línea que están dispuestos a ofrecer bonos operan con licencias internacionales de Curazao o Malta, pero no cuentan con permisos en jurisdicciones como la española. La razón a menudo radica precisamente en normas legislativas estrictas, que hacen que obtener una licencia local sea económicamente poco rentable para operadores pequeños y medianos. Esto confirma la tesis de Cejuego: cuanto más duras son las barreras regulatorias para el segmento legal, más amplio se vuelve el espacio para las plataformas que operan fuera del control nacional.
La Lotería de Navidad en pantalla, las apuestas privadas en la sombra
Especialmente doloroso para el sector resultó el contraste en las normas publicitarias. A los operadores privados se les imponen estrictas restricciones de promoción, mientras que los productos estatales disfrutan de amplísimas posibilidades de marketing. Como ejemplo, Landaluce citó las campañas publicitarias a gran escala de la Lotería de Navidad (Lotería de Navidad), con sus famosas colas de horas para comprar décimos, y las tarjetas rasca y gana de ONCE, que se venden libremente en la calle.
«El negocio privado del juego está sometido a duras restricciones publicitarias, mientras que a los operadores estatales se les permite, y a veces incluso se les incentiva, la promoción de sus productos», constató el jefe de Cejuego.
Las tarjetas rasca y gana de ONCE y la cuestión del acceso para los jóvenes
El aumento de las ventas de las tarjetas rasca y gana de ONCE se destacó como un foco de preocupación aparte. Su alta disponibilidad en la calle y su atractivo visual hacen que estos productos sean visibles para una audiencia más joven. Cejuego exigió aplicar un marco regulatorio equivalente a los productos estatales, subrayando que su vinculación con iniciativas sociales no elimina los riesgos asociados a la expansión del juego.
Reglas iguales y disposición a colaborar
Cejuego formuló dos posiciones clave. La primera es la exigencia de un régimen regulatorio único para operadores estatales y privados. La segunda, la disposición a una cooperación más estrecha con las autoridades en la lucha contra el juego ilegal. «No pretendemos demonizar a nadie. Pedimos condiciones equitativas que protejan a los consumidores y permitan que el sector legal se desarrolle», resumió Landaluce.
La agrupación de operadores privados, así, llamó a establecer reglas únicas para ambos segmentos del mercado y advirtió de que unas restricciones demasiado duras para el negocio legal pueden impulsar el crecimiento de plataformas sin licencia.
